El Senado aprobó anoche el proyecto impulsado por el Ejecutivo. La atención estuvo puesta en la votación de los neuquinos Lucila Crexell -quien finalmente se abstuvo- y Guillermo Pereyra. Tal como había adelantado, el presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, votó en contra del texto por considerar que “colisiona con la constitución de la provincia” de Neuquén.
El proyecto obtuvo 38 votos a favor y 28 en contra, más dos abstenciones, luego de más de diez horas de un debate que se inició antes de las 14 y que contó con más de treinta de oradores. La ley deberá ser ahora discutida en Diputados para su sanción definitiva.
Entre sus disposiciones, la norma otorga nuevos plazos para las concesiones hidrocarburíferas, al ampliarlas y diferenciarlas de acuerdo con la forma de explotación. Por ejemplo, habilitar 35 años para los yacimientos no convencionales y 30 años para los desarrollos offshore en la plataforma marítima argentina, entre otros detalles.
Durante el debate se introdujo un cambio al artículo 19, que establece los porcentajes de hidrocarburos respecto de los cuales se aplicarán beneficios impositivos. Será del 20 por ciento en el caso de la explotación convencional y no convencional, y del 60 por ciento en el caso de la explotación costa afuera.
En ese sentido, aclara que la explotación off shore es aquella en la cual la perforación de pozos sea realizada en “locaciones donde la distancia entre el lecho marino y la superficie, medida en la ubicación del pozo, en promedio entre la alta y la baja marea supere los 90 metros”.
El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, el kirchnerista Marcelo Fuentes, defendió la propuesta y aseguró que la reforma “traerá al país inversiones y autoabastecimiento”energético.
Como contrapartida, el representante de la provincia epicentro del desarrollo no convencional, el senador del MPN Guillermo Pereyra, votó en contra de la norma. Según argumentos que había adelantado durante la tarde, para el dirigente sindical petrolero, esta ley “refleja una ostensible improvisación, sin atacar de fondo los graves problemas de definiciones políticas y energéticas que tiene el país y consolida una posición dominante YPF , por lo que no es competitiva para el resto de las empresas”.
Esta postura dista de la posición tomada por el gobernador de Neuquén. Aunque hace algunos días pidió al Senado que debatiera e introdujera a ley algunos cambios, Jorge Sapag había dado públicamente su visto bueno al proyecto. Esta normativa “mejora la ley 17.319 que rige la actividad hasta hoy”, había dicho el gobernador.
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